Es decir, la libertad se traduce en capacidad de elección: quien
no tiene para comer, no puede decidir quedarse en su casa a la espera de que
baje los casos activos.
Por ende, para que la libertad sea efectiva, es necesario
que el Estado puedan garantizar a cada ciudadano los recursos materiales que
garanticen su subsistencia, de forma de equiparar las asimetrías que tradicionalmente
ejercen quienes tienen más sobre quienes tienen menos.
Sin embargo, en el universo ideológico del liberalismo, la
libertad tradicionalmente ha sido concebida como la ausencia de interferencia
del Estado en la vida privada, social y hasta económica de los individuos. Un Estado
libre para el liberalismo, no será aquel que le otorga a los ciudadanos las herramientas
necesarias para un pleno ejercicio de sus derechos, sino aquel que se reduce a
su mínima expresión y apela a las leyes del mercado y la meritocracia, amparado
en que “todos somos iguales ante la ley” y que todos nacemos con las mismas
posibilidades. Si vos no lograste ser ingeniero, será que no te esforzaste lo
suficiente. Poco le importará al liberal que hayas tenido que salir a trabajar
a los 15 años para alimentar a tus hermanos.
Esto genera la apertura de múltiples espacios asimétricos de
poder. Esta asimetría que tiene en su base un origen estatal dificulta y obstaculiza
el control de los disfrutes materiales por parte del conjunto social.
En Uruguay, el presidente de la Republica Luis Lacalle Pou
manifestó públicamente que encomendaba a los ciudadanos hacer un “uso
responsable de su libertad” en tiempo de pandemia por COVID. Las personas deben
pues sopesar sus supuestas decisiones porque podían con ellas afectar a los
demás integrantes del entramado social.
En un segundo momento político/pandémico, y justo cuando las
cifras de muertos y contagiados por COVID se dispararon, en conferencia de
prensa el presidente responsabilizo a las personas del resultado de la
pandemia. “Las medidas son buenas, el problema es la movilidad de la gente”.
Al respecto, dos cosas que decir:
1-
Para ejercer el principio de libertad de los
individuos debe haber otro principio que garantice ciertas condiciones
económicas que resulten en la capacidad de negociación en la esfera social y
política. Nadie puede hacer un uso responsable de su libertad si está por fuera
de los medios de producción que son capaces de generar las bases materiales de
la libertad.
2-
Si lo que se promueve por parte del gobierno es
que rija un principio de libertad individual, luego no se puede exigir que eso
derive en un comportamiento de tipo colectivo, y tampoco puedo endilgarle al
colectivo lo que resulte de la promoción de un derecho con tinte liberal. Dicho
de otra forma: no me puedo enojar si las personas se mueven, si a esas mismas
personas les acabo de decir que tienen libertad de hacerlo. Es como decirle a
un niño chico que puede jugar al fútbol en el living y luego rezongarlo si lo
hace.
De coherencia y cohesión nos hablan autores como Halliday y Hasan, pero debería estar claro, a estas alturas del discurso político, que lo que no conviene en las buenas no debería convenir en las malas. Si el Estado necesita que la gente no se mueva para que sus medidas sean efectivas (algo que no carecería de lógica), deberá generar las condiciones materiales para que la gente pueda quedarse en su casa sin que ello suponga morir de hambre o perder su trabajo.
Si no lo hace, y la gente en pleno ejercicio de su libertad
sale a trabajar y se contagia en un 526 lleno hasta la manija, pues habrá que
concluir que las medidas quizás no sean tan buenas después de todo.
(*) Dedicado a mi ex profesora Juliana Cabrera, por ser fuente
constante de reflexión, y a Adriana Duarte y su grupo de amigas y compañeras que
solían leer los artículos de opinión de Lengua Power, enalteciendo y validando
mi profesión.
